Retirar el subsidio, exigencia de trasnacionales

Semanario Proceso

Fernando Ortega Pizarro

Con el retiro de los subsidios y el incremento de las tarifas del servicio eléctrico en 8.5%, por encima de la inflación, la población está pagando las ineficiencias de la Comisión Federal de Electricidad, asegura Manuel Frías Alcaraz, director del Proyecto Nacional México Tercer Milenio.

Y agrega que, además, esas medidas son una exigencia de las compañías trasnacionales para participar en la distribución y comercialización de la electricidad en el país.

En su opinión, la esencia del problema está en las cuantiosas inversiones que se destinan a obras de infraestructura eléctrica, que muchas veces no se recuperan o son difíciles de recuperar.

Frías Alcaraz, quien trabajó durante 14 años en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y es autor de México Tercer Milenio—una propuesta para sacar al país del subdesarrollo mediante el impulso de la infraestructura hidroeléctrica—, considera que el dilema público no consiste en aceptar o no la inversión privada en el sector eléctrico, sino en atraerla hacia las plantas de generación que convienen a los mexicanos.

El 2 de octubre, en una reunión de más de dos horas con el secretario de Energía,

Ernesto Martens, el especialista le propuso una serie de medidas para resolver problemas de energía y agua en distintas regiones del país.

En los documentos en los que sustentó su exposición, sostiene que la actual crisis y deterioro del sector se debe, entre otras cosas, a decisiones y propuestas poco acertadas en la planificación y programación de proyectos hidroeléctricos.

Cita el caso de la presa de Aguamilpa, que pudo ser uno de los mayores proyectos en el ámbito mundial; no obstante, por temor y criterios conservadores, se redujo a la mitad la altura de la presa y en 2.5 veces su potencia.

Dice que en condiciones similares están El Caracol, sobre el río Balsas, y Zimapán, en el río Moctezuma, que por sus mínimas capacidades con respecto de sus cuencas de captación, reducen sus vidas útiles, complican la recuperación de las inversiones y hacen más difícil la situación financiera del sector.

De igual manera, al continuar la pérdida de tiempo y destinar los escasos recursos económicos a estudiar indefinidamente proyectos de infraestructura que a priori son poco recomendables al desarrollo del país, comprometen todavía más las estructura financiera de este sector, señala. Lamenta que la Secretaría de Energía insista en obras como El Cajón, ubicada en el río Santiago.

Para resolver estos problemas, propone el proyecto Ixcam, Nayarit: Su función es consolidar y ampliar la operación del proyecto hidroeléctrico Aguamilpa en toda época, a fin de generar en total 4 mil 50 millones de kilowatts-hora por año y aumentar la capacidad en 640 megawatts. Para lograrlo, se necesita construir sobre el río San Pedro la presa Ixcatan, distante 20 kilómetros al oriente-noreste de la población Estación Ruiz. De manera oportuna se sugirió ampliar y adecuar las principales estructuras del proyecto Aguamilpa, así como aprovechar el personal y equipo de construcción in situ, con el propósito de que se mantuviera una continuidad y economía en los trabajos.

Así mismo, dice que el proyecto Chicoasén presenta un alto grado de azolvamiento prematuro y considera que su capacidad de embalse para fines prácticos será nula. Con el propósito de resolver el problema propone elevar 12 metros la presa de Malpaso, Chiapas, con lo que tendría una capacidad de almacenamiento similar a la del proyecto de La Angostura y una mayor capacidad de generación eléctrica, entre otros beneficiosregionales.

Otra solución sería un moderno y competitivo proyecto hidroeléctrico sobre el río La Venta, que tendría una capacidad de 540 megawatts y, al preverse como desfogue el nuevo nivel del proyecto Malpaso, completaría y optimizaría el uso de los recursos hidráulicos regionales.

Sostiene que en el proyecto de Boca del Cerro, en el río Usumacinta, se está desperdiciando un sitio excelente para ejecutar una gran obra hidroenergética y presenta las mismas deficiencias que los otros: vida útil y almacenamientos mínimos, azolvamiento prematuro y operación irregular. En este caso, propone el proyecto internacional Boca del Cerro-Chiapas-Tabasco y Guatemala, con capacidad de generación de 4 mil 200 megawatts. Sería, afirma, la obra clave del sureste y del país.

En una carta, la Secretaría de Energía, por medio de Ignacio Armendáriz Molina, director general de Operaciones Productivas del Subsector Electricidad, contestó negativamente ésas y otras propuestas de Manuel Frías, el 17 de diciembre:

Como seguramente es de su conocimiento, la expansión del sector eléctrico en nuestro país para los próximos ocho años está basada mayoritariamente en Centrales de Ciclo Combinado utilizando gas natural como combustible, en consideración a su alta eficiencia de instalación y por las bajas emisiones que emiten a la atmósfera; todo ello en comparación con otros tipos de generación de energía eléctrica, características que además permiten la participación de inversión privada en forma intensiva.

Sin embargo, el investigador advierte al respecto que México pagará los costos de proseguir la expansión del sector eléctrico con plantas de ciclo combinado de gas natural, como lo propone la iniciativa de reforma del gobierno de Vicente Fox y el PAN, pues, asegura, se agudizará la escasez de este combustible y de agua, por lo que convertirá a ambos recursos en asunto de seguridad nacional.

En su respuesta, enviada al subsecretario de Electricidad, Nicéforo Guerrero Reynoso, el 8 de enero, Frías Alcaraz le dice que las ventajas de las centrales de ciclo combinado resultan atractivas y competitivas en naciones industrializadas, las cuales hace mucho tiempo aprovechan de manera óptima y congruente las fuentes primarias de energía... Pero en México, donde se subutiliza y desestima el diverso e importante potencial energético, ¿son la mejor solución para garantizar el crecimiento de tan estratégico sector y del país?.

Y añade: Al expandirse la industria eléctrica conforme a este tipo de centrales que consumen recursos no renovables (gas natural y en ocasiones diesel), con una vida útil de 20 a 25 años, importaciones crecientes de combustible, competencia por los usos del agua con los sectores social y productivo en regiones con escasez del vital líquido... se crea tal situación que puede convertirse en un elemento más de inestabilidad nacional.

Explica que en los últimos años la expansión de la industria eléctrica se ha hecho mediante el uso de plantas de ciclo combinado que comprometen la calidad y la continuidad del servicio, debido a la poca disponibilidad de gas natural.

El sector, añade, consume más de 40% de ese recurso y, con la política vigente, cada día se incrementará ese consumo, por lo que se disputará el combustible con las industrias que le dan valor agregado —las plantas de ciclo combinado sólo lo queman—, como la del acero, la petroquímica y la vidriera.

Por tanto, insiste, la demanda y competencia que se desatarán harán indispensable importar mayores volúmenes para compensar y complementar la producción y el consumo interno, y advierte que esta predecible situación convertirá al gas natural en asunto de seguridad nacional, por sus repercusiones en el empleo y el desarrollo. Podría ser, inclusive, un importante factor de inestabilidad.

Por último, sostiene que el gobierno de Vicente Fox, como el de Ernesto Zedillo, está decidido a cumplir los criterios impuestos por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, para generar electricidad con plantas de ciclo combinado, desestimando las fuentes primarias propias.

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